Exmandatarios y líderes políticos firman una declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia en Bolivia

Nacional
Herramientas
Tipografia

La Paz/AMN.- Exmandatarios y líderes políticos firmaron esta mañana una declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia y en la que denuncian que el Gobierno ha incurrido en una serie de prácticas que ponen en riesgo la vida democrática del país.

El acto se realizó en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz y contó con la participación del Alcalde Luis Revilla, líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo); los expresidentes Jorge Quiroga Ramírez y Carlos Mesa; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, líder del Movimiento Demócrata Social y Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional.

“Como ciudadanos, expresidentes, exvicepresidentes y jefes políticos, nos vemos en la necesidad de decir nuestra palabra en defensa de la democracia y la justicia en Bolivia.

Nuestra vocación democrática nos compromete con la unidad, no para resolver legítimas diferencias de pensamiento y de visión, sino  para reafirmar ante nuestros compatriotas que creemos en la democracia como un valor que debe preservarse, profundizarse y defenderse sin  tregua”, se lee en el comienzo de la declaración.

Cinco puntos

El documento consta de cinco puntos en los que se denuncia que el gobierno judicializa la política, la poca garantía de imparcialidad en el Órgano Electoral, los intentos de vulnerar los resultados del referéndum de 2016, la importancia de las elecciones judiciales (respecto a la cual se realiza un planteamiento para transparentar el proceso) y se anuncia que se trabajará de forma conjunta para denunciar ante la opinión pública nacional  e internacional las acciones gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades  ciudadanas en Bolivia.

“La conquista de la democracia y la justicia fueron y son una permanente lucha histórica en la que el pueblo boliviano dio muestras inequívocas de tenacidad, sacrificio y heroísmo. Por ello, cualquier acción destinada a alterar o sustituir la voluntad soberana del pueblo tanto en la conformación de los órganos del Estado- Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral- , como en la construcción de los valores y derechos inherentes a la democracia, es un atentado contra esa soberanía”, se lee en el texto.

Judicialización de la política

La declaración denuncia que el Gobierno rompió los límites de la independencia y coordinación entre poderes y transformó al Órgano Judicial “en un instrumento de persecución política y ha violado normas o ha creado normas arbitrarias a su medida, para facilitar sus acciones en contra de sus adversarios, a quienes en realidad considera sus enemigos”.

Es por eso que los firmantes denuncian que ellos, al igual que cientos de conciudadanos, encaran procesos y juicios cuyo único objetivo es “descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan para evitar la conformación de alternativas democráticas”.

Órgano electoral

En el documento se resalta que el Tribunal Supremo Electoral condujo con idoneidad el Referéndum de 2016, pero preocupa que la neutralidad del Órgano Electoral esté en riesgo luego del nombramiento de nuevos miembros de los tribunales departamentales electorales, “que en un número muy significativo tienen afinidad con el Movimiento Al Socialismo y sus máximos dirigentes”.

Intento de vulnerar la soberanía del pueblo

Los firmantes recuerdan que el 21 de febrero de 2016, la ciudadanía “se pronunció con claridad en contra del intento de una nueva postulación del Presidente Evo Morales Ayma”, por lo que ahora piden con vehemencia a gobernantes y funcionarios estatales respetar el voto.

“Cualquier intento de forzar una nueva postulación del Primer Mandatario será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos”, se lee en el documento.

Elecciones judiciales

Se considera que el Órgano Judicial ha fracasado, lo cual afecta a un verdadero funcionamiento democrático en el país, es por eso que este año, con las elecciones judiciales, “se nos abre una oportunidad que no podemos desperdiciar como ocurrió en 2011”.

Ante esto, sin embargo, los firmantes plantean que la preselección de los candidatos (tarea que corresponde a la Asamblea Legislativa) esté a cargo de una comisión independiente nombrada por el Legislativo que estará a cargo de “una evaluación meritocrática de los postulantes. Esa comisión deberá tener representantes de toda la sociedad y su calificación deberá tener un carácter vinculante en la preselección final de la Asamblea para la habilitación de los candidatos al proceso electoral judicial, establecido en la Constitución”.

Acción de unidad

Los exmandatarios y líderes políticos acordaron también trabajar unidos para denunciar, tanto en Bolivia como en instancias internacionales, las acciones que planifica y realiza el Gobierno que ponen en entredicho las libertades ciudadanas.

“Para conseguirlo, hacemos público toda arbitrariedad presente y futura que judicialice la política, impulsaremos un informe serio y documentado de esta forma de persecución a la oposición a lo largo de los once años de gestión de la actual administración y haremos conocer a los organismos internacionales la situación crítica que vive la democracia boliviana”.